El pasado 25 de octubre de 2021 se publicó una noticia en el diario Confilegal titulada “Las aseguradoras están ganando la batalla judicial a los hosteleros”. Leer este titular en un diario jurídico como Confilegal no nos pareció extraño, pues sólo hay que ojear cuatro días este diario para ver “de qué pie cojean”. No obstante, he de aclarar que en el despacho lo leemos a diario.

Pero esa noticia venía, además, rodeada por un vacío informativo en las revistas especializadas, al respecto del derecho de hosteleros o comercios (no en todos los casos –es evidente-) a reclamar indemnización a las compañías aseguradoras por la paralización de la actividad consecuencia de las normas jurídicas que dictaron los gobiernos estatales y autonómicos a lo largo de la pandemia de la COVID-19. En ese trance, encontramos una tesis doctoral en la red que no tiene desperdicio: “Lobby y grupos de presión: análisis regulatorio y estudio en el sector asegurador”, cuyo autor es José María Elguero y Merino.  Desde NBN Jurídico aconsejamos su lectura.

En los últimos tres meses (diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022) se han dictado tres nuevas sentencias– por Juzgados de Primera Instancia españoles-, que condenan a Generali y Caser a indemnizar a sus clientes asegurados con ocasión de los cierres indicados. La Plataforma de noticias jurídicas Economis&Jurist sí se ha hecho eco de estas sentencias. Estas tres sentencias son las más recientes, pero hay más.

Además, debemos señalar que en varios de los casos en los que los Juzgados no han fallado a favor de los hosteleros, se daba la situación de que la póliza (condiciones generales y particulares) estaba firmada, con cuanto de ello se puede desprender.

Sentencias a favor de la hostelería

• Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Girona, Sección 1ª, de 3 de febrero de 2021, condenando a SEGURCAIXA ADESLAS a pagar 6.000 € a su asegurado.
• Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Girona, Sección 2ª, de 16 de junio de 2021, condenando a ZURICH a pagar 18.000 € a su asegurado.
• Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia núm. 14 de Granada, de 21 de julio de 2021, condenando a GENERALI a pagar 80.000 € a su asegurado.
• Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia núm. 6 de Lorca, de 22 de septiembre de 2021, condenando a PLUS ULTRA a pagar 16.800 € a su asegurado.
• Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia núm. 4 de Pamplona, de 15 de octubre de 2021, condenando a RGA SEGUROS a pagar 10.600 € a su asegurado.
• Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia núm. 12 de Granada, de 13 de diciembre de 2021, condenando a GENERALI a pagar 22.500 € a su asegurado.
• Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia núm. 5 de San Cristóbal de la Laguna, de 14 de enero de 2022, condenando a GENERALI a pagar 15.250 € a su asegurado.
• Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia núm. 3 de León, de 2 de febrero de 2022, condenando a Caser a indemnizar al asegurado 13.500€

El principio de transparencia aplicado a las sentencias a favor de la hostelería

Creemos que en el fondo del debate, las aseguradoras se sienten “en su salsa” debatiendo disquisiciones técnicas sobre si las cláusulas contenidas en sus respectivas pólizas -sobre las que se basan para argumentar que los seguros no cubren este tipo de siniestros-, son delimitadoras o limitativas de los derechos del asegurado.

Pero, sin embargo, desde la posición de defensa de que, en muchos casos, sí procede la indemnización, hay otro debate jurídico más trascendental y actual. Se trata del cumplimiento del Principio de Transparencia por parte de mediadores y compañías. Este principio afecta por igual a las cláusulas limitativas y a las delimitadoras, según nuestro Tribunal Supremo: las compañías aseguradoras, como empresas de gran tamaño, poder y con grandes recursos, utilizan la técnica de los contratos de adhesión, con condiciones generales de contratación cuidadosamente redactadas.

Lo que en la práctica genera una situación desequilibrada entre oferente –compañía- y adherente –asegurado- que es necesario controlar, para garantizar -a través del Principio de Transparencia– el conocimiento por el asegurado de las condiciones del contrato de seguro y de los específicos límites de las coberturas contratadas.

El reiterado Principio de Transparencia, es de sobra conocido, se incumple todavía en la mayoría de los casos en los que, como dice la la St núm.343/97 del Juzg 1ª Inst núm. 1 de Villafranca del Penedés, de 7 de octubre de 1.998, -ya ha llovido, y la Sentencia no mentaba el tal Principio- .

Sin embargo, la práctica cotidiana nos da múltiples ejemplos en la Banca, en las Aseguradoras, en las empresas de suministros domésticos, de que lamentablemente no se observan tales exigencias legales y, por lo común, el usuario,  firma donde le ponen una cruz o aspa y poco más. Esta forma de actuar mecanicista conlleva que la carga de la prueba del deber de informar al asegurado, usuario, consumidor sobre el contenido contractual recaiga en el oferente o predisponente, es decir en el asegurador o compañía que ofrece el servicio, producto financiero, etcétera…”

Para entender mejor el Principio de Transparencia, aconsejamos la lectura de artículos jurídicos o el visionado -en YOUTUBE o en VLEX- de ponencias que, sobre el Principio de Transparencia ofrecen el ex magistrado del Supremo Prof. D. Fco. Javier Orduña y el abogado, actual decano del Colegio de Abogados de Barcelona, D. Jesús Sánchez García, quienes están haciendo un gran servicio en favor de todos y del Derecho, con mayúsculas.

Si tienes un negocio físico y sufriste el cierre temporal debido al confinamiento y/o limitación de aforos posteriores, puedes reclamar una indemnización. Ya son varios negocios de hostelería en toda España que han conseguido recuperar su dinero como consecuencia de sentencias a favor de la hostelería por parte de los Tribunales de Justicia. Ponte en contacto con nosotros y estaremos encantados de poder ayudarte.

En este post profundizamos en cómo afectaron a los negocios de hostelería las diferentes y numerosas normativas COVID que desarrollaron las Comunidades Autónomas después del confinamiento de 2020 en el que restaurantes, bares, cafeterías y negocios de comercio no esenciales se vieron obligados a cerrar sus puertas.

Después de dicho confinamiento, que nos mantuvo encerrados en casa desde el 15 de marzo hasta el 21 de junio, las Comunidades Autónomas comenzaron a dictar sus respectivas normativas con el fin de evitar la propagación de lo que por aquel entonces llamábamos Coronavirus y hoy conocemos como Sars-Cov-2 o COVID-19.

En todas ellas, tanto el cierre del ocio nocturno como la obligación de cerrar más temprano de lo habitual, los conocidos e interminables “toques de queda” fueron una constante. Sin embargo, hubo diferencias en la manera de abordar aspectos como la hora de cierre de los establecimientos hosteleros o las limitaciones de sus aforos.

A continuación, analizamos la normativa de cinco de las Comunidades Autónomas en las que este despacho ha trabajado para elaborar las demandas de reclamación contra las compañías aseguradoras y cómo afectó el COVID-19 en la hostelería de Extremadura, Cataluña, Madrid, País Vasco y Andalucía.

Análisis de la normativa COVID-19 en la hostelería de Extremadura

La normativa COVID-19 en la hostelería extremeña fue abundante y tambaleante, pasando de aforos interiores “flexibles” –en comparación con otros territorios- al cierre completo de la hostelería en enero de 2021 que afectó a las principales ciudades extremeñas. Una vez producida la segunda reapertura, los horarios de cierre y los aforos pasaron a ser ciertamente duros, siempre con normas difíciles de entender y complicados períodos transitorios. Parecía más un ensayo de prueba-error que unas normas que siguieran un criterio serio. Ni los profesionales del sector ni los ciudadanos podían entender semejante desproporción normativa que confundía a unos y a otros.

Después de analizar toda la normativa extremeña, nos preguntamos si el gobierno extremeño no sabe que la seguridad jurídica y económica de un sector tan importante como el de la hostelería también es un bien que hay que proteger. Pues nada indica que se diera cuenta de ello: todo lo contrario.

Análisis de la normativa COVID-19 en la hostelería de Catalunya

La normativa catalana apostó por comenzar el verano de 2020 sugiriendo que el legislador estatal había sido excesivo, y por tanto, su legislación inicial apenas contenía restricciones. Conforme fueron aumentando los índices de incidencia, allá por el otoño de 2020, la Generalitat se propuso el claro objetivo sanitario, y mantuvo su timón firme, con severas restricciones que se fueron sucediendo en el tiempo, durante meses: inició con un mes de noviembre y diciembre de cierre absoluto, para continuar con unos horarios imposibles para el sector: desayuno seguido de cierre; comidas seguidas de cierre; y ello con unos escuálidos aforos interiores del 30%. En mayo de 2021 se inicia la flexibilización parcial de aforos y horarios.

Pero, llegada la Navidad de 2021/2022 las restricciones de aforos y horarios han vuelto, diferenciándose de la mayoría de las Comunidades Autónomas. El legislador catalán colocó directamente en segundo lugar la economía del sector, que con las restricciones que hubo de mantener, ha sufrido un golpe difícil de superar.

Análisis de la normativa COVID-19 en la hostelería de Andalucía

La normativa COVID-19 en la hostelería andaluza fue un encaje de bolillos para intentar regular sus ochos provincias en función de los índices de contagio. Andalucía, en octubre de 2020, fue una de las pioneras del llamado “Semáforo COVID”. Delegó la recopilación de datos de incidencia en las Direcciones Territoriales de Salud y Familia de cada provincia, (dividiendo las provincias por otros tantos “territorios”). En función de los resultados de incidencia o “niveles de alerta” de cada territorio, el Gobierno autonómico tenía predeterminadas las limitaciones de aforo y horario.

Debemos reconocer la dificultad de legislar para ocho provincias distintas, además de haber sido uno de los Gobiernos autonómicos en mantener la coherencia normativa que ha faltado a otras Comunidades: todo ello con una normativa complicadísima en su entendimiento. No obstante, tanto los cierres absolutos temporales en algunos territorios, como las severas restricciones de aforos y horarios han terminado haciendo el mismo daño al sector que en el resto de España. Por lo que, en realidad, haber sido pioneros no sirvió de mucho.

Análisis de la normativa COVID-19 en la hostelería de la Comunidad de Madrid

La normativa COVID-19 en la hostelería madrileña, aunque se piense que sí, en realidad no ha sido muy diferente de la del resto de autonomías. Sí se diferenció en que legisló a nivel autonómico, y no municipal, la posibilidad de ampliación de terrazas o el primer permiso para la instalación de terrazas a hosteleros que antes no la tenían, lo cual, hemos de reconocer que en ese momento, fue de gran ayuda para el sector hostelero. Hay que decir, no obstante, que no se dieron todos los permisos de terraza que se solicitaron.

Y aunque Madrid se viera como la excepción desde el punto de vista de limitación de aforos y horarios, la normativa madrileña no se ha caracterizado por ser especialmente flexible. En absoluto: la limitación de aforos interiores al 50% ha sido una constante. De hecho, Madrid decretó antes que el Gobierno de España el cierre de los establecimientos el día 13 de marzo de 2020, y Madrid ha sido de las últimas en levantar las restricciones.

Análisis de la normativa COVID-19 en la hostelería de Euskadi

La normativa COVID-19 en la hostelería vasca dictada por el Lehendakari en función de los datos y recomendaciones del LABI, se caracterizó inicialmente por ser flexible en comparación con las limitaciones concretas de aforos de otras CCAA. Sin embargo, llegado el mes de octubre de 2020, con la tercera ola, las limitaciones de aforo y de horario de los establecimientos fue muy restrictiva. Normativas que, en ocasiones, fueron suspendidas por Autos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Lo único que es de agradecer es el orden y concierto de las normas vascas en comparación con la de otras autonomías.

En todo caso, parece evidenciarse que todos ellos decidieron atacar al Coronavirus estrangulando a la hostelería, sector que se caracteriza por ser lugar de encuentro social. Es posible que si se hubiese invertido en educación preventiva, se hubieran conseguido idénticos resultados, que en ninguno de los casos fueron buenos.

Si eres uno de los afectados por el COVID-19 en la hostelería y tienes dudas sobre si puedes reclamar a tu seguro por las pérdidas producidas, contacta con nosotros y estaremos encantados de asesorarte y estudiar tu póliza de manera gratuita.

Seguro que si eres propietario de un pequeño negocio físico te haces a menudo estas preguntas ¿Puedo recuperar los pérdidas económicas sufridas en mi restaurante, bar o pequeño comercio por la normativa COVID en España? Y si es así ¿Cuál es el plazo para reclamar las pérdidas por la Covid-19? Sigue leyendo porque vamos a responder a estas dos preguntas. Te adelantamos algo: puedes reclamar las pérdidas por la Covid-19  y aún estás a tiempo de hacerlo.

Si aún tienes dudas sobre si puedes reclamar las pérdidas por la Covid-19, te recomendamos que eches un ojo a otro de nuestros artículos donde intentamos aclarar algunos conceptos que quizás desconozcas: 7 preguntas frecuentes para reclamar una indemnización por Covid.

En este artículo profundizamos en la respuesta a estas preguntas y aclaramos las diferentes maneras de reclamar las pérdidas por la Covid-19.

¿Cuántas vías tienes para reclamar las pérdidas por la Covid-19 de tu establecimiento de hostelería – comercio?

Actualmente encontramos 3 manera de reclamar las pérdidas por la Covid-19, pero una de ellas ya no puedes ejercerla por haberse cumplido ya el plazo de presentación de la reclamación.

• Reclamación contra la Compañía de Seguros. Más adelante podrás comprobar los requisitos para reclamar tu dinero a la compañía aseguradora.
• Reclamación Patrimonial contra la Administración Pública del Estado. Esta es la vía que ya no puedes tomar.
• Reclamación Patrimonial contra la Administración Pública de tu respectiva Comunidad Autónoma.

La mala noticia, como apuntábamos, es que una de ellas ya no es efectiva. Se trata de la Reclamación Patrimonial contra la Administración Pública a nivel estatal, que cumplió el pasado mes de junio.

Pero seguro que te interesan más las dos vías por las que tu establecimiento hostelero o de comercio aún puede reclamar las pérdidas por la Covid-19 debido a las restricciones que se impusieron durante 2020 y 2021. Vamos con ellas.

Reclamar las pérdidas por la Covid-19 contra la Compañía de Seguros

Como sabrás, no todos los seguros cubren los mismos riesgos ni lo hacen de la misma manera. Las condiciones generales de la póliza complementan, limitan o aclaran las condiciones particulares y es seguro que tengas que recurrir a un abogado para que te aclare si tienes opciones de reclamar a tu seguro y te represente en lo que, seguro, se convertirá en una demanda.

Tu reclamación tiene opciones de progresar si tu seguro cubre lucro cesante o pérdida de beneficios o de explotación y tu póliza es de las que permite la reclamación, lo cual, como te decíamos, debe ser estudiado por un Abogado que te diga qué opciones tienes.

Desde NBN Jurídico te recomendamos que no dejes pasar más tiempo,  puesto que el plazo de esta vía de reclamación COVID-19 ha comenzado su cuenta atrás:

Debes tener en cuenta que este tipo de reclamaciones contra las compañías aseguradoras tienen un plazo de prescripción de DOS AÑOS. Es importante que sepas que es suficiente con reclamar por escrito a la aseguradora, antes de esa fecha, para que el plazo se considere cumplido.

Reclamación Patrimonial contra la Administración Pública de tu Comunidad Autónoma

Esta vía es para la que más tiempo cuentas para iniciar tu reclamación COVID.

En efecto, el plazo para la reclamación patrimonial contra la Administración Pública de tu Comunidad Autónoma, en realidad, acaba de iniciarse pues todos los Gobiernos Autonómicos han dictado el “levantamiento” de las restricciones de aforo y horario de apertura y cierre de los establecimientos de hostelería a finales del mes de septiembre o inicios de octubre de 2021: tienes un año desde esta fecha para reclamar las pérdidas por la Covid-19.

Básicamente, se trata de exigir responsabilidades, por parte del ciudadano a la Administración, por los daños o perjuicios sufridos como consecuencia de la actividad normal o anormal de los servicios públicos estatales, autónomas o locales. En cualquier caso, el perjuicio alegado debe ser real, evaluable económicamente e individual.

La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, en nuestro ordenamiento jurídico, se basa no sólo en el principio genérico de tutela efectiva en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, reconocido en el art. 24, CE, sino también en el art. 106.2. CE. Por ley, las Administraciones Públicas tiene el deber de compensar o resarcir a los particulares por la aplicación de las normas de carácter no expropiatorio y que no tengan el deber jurídico de soportar.

¿Qué posibilidades tengo de recuperar el dinero por cada una de las vías?

Desde NBN Jurídico estamos convencidos de la viabilidad de estas reclamaciones y por eso te aconsejamos que exijas tu indemnización si tu seguro las condiciones que hemos señalado anteriormente.

Pero vamos a analizar de manera general las posibilidades de cada vía de reclamación (1. Contra los seguros, 2. Contra la Administración estatal y autónoma) por separado:

Contra tu seguro.

Existen numerosas sentencias a favor de los negocios de hostelería que han decidido defender sus derechos y reclamar las pérdidas por la Covid-19. Sentencias como la del Juzgado núm. 14 de Granada, que condenó a la aseguradora GENERALI al pago de 80.000 € al propietario de una empresa hotelera que tenía contratado un seguro multirriesgo, dentro de cuya cobertura se encontraba la de «pérdida de beneficios».

O la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, que dictaminó que Segurcaixa Adeslas indemnizará al dueño de una pizzería por lucro cesante. La pizzería tenía contratada en su seguro Segurcaixa Negocio, la cobertura de “Pérdida de Beneficios/Paralización de Actividad”. Existen varias sentencias más a favor de los negocios asegurados y en contra las aseguradoras.

Lo curioso es el poco seguimiento mediático que están provocando estas sentencias. Da qué pensar.

Contra la Administración estatal y autonómica.

Las reclamaciones contra las Administración Estatal se presentaron el pasado mes de junio y siguen su curso habitual. De momento, la Administración ha dado curso a todas las reclamaciones presentadas por este despacho en colaboración con el despacho Campón&Martínez-Pereda, y estamos a la espera. Después de un proceso de presentación de las reclamaciones largo y laborioso para demostrar las pérdidas económicas de nuestros clientes, NBN Jurídico está convencido de las posibilidades de este tipo de reclamación.

Si quieres que estudiemos tu póliza de manera gratuita, ponte en contacto con nosotros. Estaremos encantados de poder ayudarte a comprobar si puedes reclamar las pérdidas por la Covid-19. En cuyo caso también podrás contar con los servicios de NBN Jurídico.

NBN Jurídico obtiene la primera sentencia de una Audiencia Provincial española que aplica la Cláusula Rebus en el ámbito de la COVID-19. Ha sido la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Cáceres.

Este despacho defendió los intereses del arrendatario a través de la letrada Natalia B. Narros Lluch. La Abogada y CEO de NBN Jurídico agradece la sentencia, que califica de pionera, justa y valerosa.

Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres ha sido recogida por diferentes medios de comunicación jurídica como Economist&Jurist y la web de la Abogacía Española, que además incorporó la noticia en su podcast. Desde aquí queremos agradecer a los dos medios su interés hacia esta “noticia”.

En este post analizamos la Cláusula Rebus Sic Stantibus y esta sentencia.

Introducción y contextualización a Cláusula Rebus

En España y en materia de contratos, el Código Civil hace prevalecer dos principios por encima de cualquier otro:

• El primero, el contrato es ley para las partes contratantes.
• El segundo, la conservación de los contratos.

Ambos principios en situaciones como las que ha sufrido la hostelería y el comercio desde el inicio de la pandemia del coronavirus hacen peligrar, en muchas ocasiones, no sólo la estabilidad de los propios negocios, sino también la economía del autónomo o empresa que hay detrás de cada uno de ellos.

Imaginemos un negocio de hostelería o comercio que ha alquilado un local para el desarrollo de su actividad. Este negocio ha venido obligado, mes a mes, al pago de la renta pactada a pesar de haberse visto obligado a cerrar totalmente tanto en los meses del primer estado de alarma como, en Extremadura, en los meses de enero-febrero de 2021. Y, cuando no ha estado cerrado por estas imposiciones, ha soportado multitud de limitaciones de aforos y horario de apertura.

Legalmente, si las partes no acuerdan la exoneración o minoración de la renta o no se han sujetado a las pocas ayudas que ofrecieron los Reales Decretos Legislativos decretados por el gobierno, sólo cabe un camino a tomar.

Cláusula Rebus Sic Stantibus

Este camino a tomar es la aplicación de la llamada cláusula REBUS SIC STANTIBUS, la cual no está regulada en ninguna ley escrita, sino que es fruto de la doctrina jurisprudencial.

A través de la Cláusula Rebus, los juzgados y tribunales pueden, a petición de parte, moldear las obligaciones asumidas por las partes en un contrato siempre que las circunstancias que hayan acontecido sean de tal envergadura, tan excepcionales que entiendan que ni siquiera pudieron ser previstas al tiempo de la contratación.

Un claro ejemplo de estas circunstancias es la pandemia de la COVID-19 y las normas administrativas que han obligado no sólo a cerrar durante algunos meses, sino también a limitar horarios y aforos de los establecimientos de hostelería, principalmente.

Aplicación de la Cláusula Rebus

Dado que no está regulada en ninguna ley escrita, sino que es fruto de la doctrina jurisprudencial, no es fácil que los Juzgados y Tribunales apliquen la Cláusula Rebus: nunca lo ha sido.

Las propias sentencias que tratan sobre esta cláusula reconocen que su aplicación ha de ser restrictiva y con suma prudencia, pues choca con uno de los principios de los que anteriormente hablábamos; el principio del cumplimiento de los contratos en sus propios términos.

Aplicación de la Cláusula Rebus en este caso

Y en este escenario, la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Cáceres (Ponente: D. Antonio María González Floriano) ha dictado una Sentencia que consideramos pionera y nada conservadora, en comparación con otras que tratan sobre la Rebus.

La Sentencia 637/2021 de 3 de septiembre aplica la rebus, reconociendo las excepcionales restricciones que ha sufrido el sector de la hostelería como consecuencia de la COVID-19 y determina que en los meses en los que el arrendatario no pagó la renta pactada, que fueron meses tanto de cierre total como meses de limitaciones de aforo y horarias, la renta a abonar no es la pactada sino el 50% de la misma.

Pero esta sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres va más allá: la parte arrendataria, representada por este despacho, renunció al contrato de arrendamiento por las pérdidas económicas que arrastraba, posibilidad que estaba prevista en propio contrato, aunque para ello el arrendatario debía pagar una indemnización pactada a la parte arrendadora.

El arrendatario solicitaba la exoneración total o parcial de esta indemnización en el sentido que el Juzgador entendiera justo. Es decir, la aplicación de la rebus ya no sólo iba a chocar con el principio del cumplimiento de los pactos en sus propios términos sino también con el principio de mantenimiento o conservación de los contratos. Esta petición, que también fue desestimada en la primera instancia, fue estimada en apelación, pues la Audiencia Provincial también modera la indemnización por desistimiento al 50%.

Nos congratulamos de que haya Magistrados que en un ejercicio de Justicia den un paso al frente, prescindiendo de posiciones conservadoras y ayuden, en el fondo, a aquellos que, hemos de reconocer, están siendo especialmente afectados por la crisis del coronavirus.

Si quieres que en NBN Jurídico estudiemos tu situación para conocer si en tu caso aplica la Cláusula Rebus, ponte en contacto con nosotros lo antes posible. Estaremos encantados de ayudarte.